El 5 de mayo de 2021, la masacre de Jacarezinho marcó una ruptura simbólica: por primera vez en décadas, el Estado brasileño actuó sin ningún pudor al exhibir abiertamente su cara represiva. En ese episodio, veintiocho personas fueron ejecutadas con el pretexto de una operación “contra el tráfico”, pero lo que se vio fue el ensayo general de una nueva forma de gobernar; un gobierno por la muerte. El texto que escribí entonces, titulado “Jacarezinho y el narcoestado”2, ya apuntaba en ese camino: el Estado no “falla” al matar, el cumple su función estructural de defensa de los intereses de las clases dominantes, transformando el control social en fuente de lucro y poder. La letalidad no es un error; es un método contable del orden.
Aquella masacre fue el laboratorio de la doctrina que maduraría cuatro años después, en las favelas de Penha y Alemão. Lo que cambió entre 2021 y 2025 no fue la naturaleza de la violencia, sino su administración: la muerte se convirtió en un dato de gestión, planificado, medido, legitimado como política pública. Lo que era un “exceso” se convirtió en método; lo que era “ilegal” se convirtió en norma. De Jacarezinho a Penha, recorremos el itinerario completo de un Estado que, en medio de la crisis estructural del capitalismo dependiente, ya no disfraza su fusión con las fuerzas del crimen, la milicia y el capital. La represión no es la respuesta al desorden, es la propia forma de producir orden. Y ese orden se erige sobre el exterminio cotidiano de una población negra y periférica, heredera de los quilombos3 y las senzalas4, hoy confinada en territorios abandonados donde el Estado se ausenta como derecho y reaparece como bala. Si Jacarezinho fue el ensayo, Penha es la madurez del narcoestado: el momento en que la barbarie deja de ser una excepción y se convierte en el lenguaje administrativo del poder.
La operación denominada “Contención”, iniciada el 28 de octubre de 2025 en los complexos de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, responde a una dinámica que se repite desde hace décadas. La novedad reside apenas en la escala, el aparato movilizado, el número de muertos y la cobertura mediática, pero el núcleo de la acción permanece intacto: la vieja guerra contra el tráfico de drogas, las facciones y el “poder paralelo”. Lo que cambia, y con intensidad, es que esta guerra se ha convertido en política de Estado. Luego, para comprenderla, debemos desplazar el foco de la contienda inmediata hacia el fundamento estructural: ¿Por qué esta guerra es vital para el Estado? ¿Por qué se lleva a cabo precisamente en los territorios periféricos? ¿Quiénes son sus agentes reales, no solo los visibles a la luz de los medios de comunicación, sino aquellos que permanecen invisibles porque forman parte del funcionamiento del sistema?
El Estado burgués, forma política del capital, tiene como premisa la defensa de los intereses de las clases dominantes y de sus clases auxiliares. El aparato represivo, por lo tanto, es un componente
1 Publicado originalmente en portugués el 30 de octubre de 2025: https://medium.com/@conjunturacritica/do-jacarezinho-%C3%A0-penha-o-narcoestado-em-sua- maturidade-e7dfc8ff090a [N. del T.] 1
habitual. La Operación Contención evidencia menos la “naturalización” abstracta de la fuerza letal y más un régimen de legalidad gerencial: dispositivos jurídicos, métricas operativas y rutinas administrativas que convierten la muerte y la coerción en indicadores de desempeño. Las declaraciones del secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, no solo justifican la letalidad, sino que la integran en un diseño de gobierno en el que las detenciones, los expedientes de resistencia archivados, las “neutralizaciones”, las narrativas de “narcoterrorismo” y la cooperación interinstitucional funcionan como claves de autorización para el presupuesto, las compras públicas, el blindaje político y la expansión tecnológica. Al declarar que Río “vive un estado de guerra”, Curi enuncia una doctrina de gestión territorial: ausencia social estructurada (sin escuelas de tiempo completo, guarderías, salud, ingresos, cultura) e hiperpresencia policial como tecnología de control. Este arreglo produce enemigos sustituibles (la mano de obra juvenil negra) y soberanías superpuestas (Policía Civil, Policía Militar, Policía Federal de Carreteras, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial) que distribuyen la excepción, manteniéndola lícita y repetible.
En términos materiales, esto reordena el espacio urbano (valorización selectiva del suelo, expulsiones lentas, captura de servicios informales) y proporciona un flujo de ingresos para la economía de la seguridad. La favela, quilombo contemporáneo de supervivencia negra, es un objetivo preferente porque el propio Estado se ha retirado como garante de derechos y reaparece como gestor del riesgo y el castigo, imponiendo a la juventud negra, criada en su mayoría por madres solteras, con padres muertos o encarcelados, un menú de explotaciones equivalentes: el subempleo degradado o el reclutamiento por parte de organizaciones armadas que disputan con el Estado la extracción de valor de esos mismos cuerpos.
La letalidad no es un error; es un método contable del orden. El uso de la expresión “estado de guerra” también es revelador. Legitima la militarización total de la vida civil, la suspensión práctica de las garantías constitucionales y la instauración de un régimen de excepción permanente en los territorios periféricos. Al afirmar que “la alta letalidad era previsible, pero no deseada”, naturaliza la masacre. La previsibilidad de la muerte es, para él, un dato operativo, una especie de efecto colateral aceptable dentro de la lógica de la seguridad. Esta frase contiene toda la esencia de la racionalidad instrumental que domina al Estado capitalista en crisis: la muerte no es un error, sino un costo calculado, inscrito en la contabilidad de la gestión social.
La afirmación de que “las víctimas de esta operación fueron los militares muertos o heridos” es un gesto de total deshumanización. Reducir a decenas de civiles ejecutados a “criminales que optaron por no rendirse” es una forma moderna de eugenesia política. La palabra “opción” desplaza la responsabilidad: los muertos se convirtieron en culpables de su propia ejecución. La necropolítica del Estado transforma el poder de matar en un acto administrativo. El secretario también refuerza el viejo argumento de que el gobierno estatal actúa “solo” contra la delincuencia, quejándose de la falta de apoyo federal. Esta retórica es estratégica: produce la imagen de un Estado heroico y abandonado, luchando contra fuerzas superiores. Pero, en la práctica, sirve para esconder el verdadero abandono, el del pueblo pobre, el de las favelas, el de los trabajadores precarizados que viven sitiados. La disputa entre el gobierno estatal y el gobierno federal es solo una disputa por la gestión de la barbarie. Ninguna de las partes cuestiona el principio fundamental de la política de seguridad: que la vida periférica es descartable y el territorio popular es una zona militarizada.
Cuando Curi afirma que la operación fue “planificada” y que “cumplió con las normas legales”, asistimos a la normalización de lo absurdo. Cumplir con la ley mientras se asesina a decenas de personas es una señal inequívoca de que la legalidad ha sido totalmente absorbida por la lógica de
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la excepción. El problema no es el incumplimiento de la ley, sino que la ley ya ha incorporado el crimen como su función. La modernidad jurídica burguesa siempre ha convivido con la violencia como fundamento; pero ahora, bajo la descomposición del Estado burgués, esa violencia emerge a la luz del día como principio organizador. La ley y el fusil son instrumentos complementarios de la misma racionalidad de control. El discurso de Felipe Curi no difiere, en esencia, de las doctrinas contrainsurgentes elaboradas durante la dictadura militar. Las ideas de “territorios hostiles”, “guerra interna”, “poder paralelo” y “eliminación del enemigo” son las mismas. Solo han cambiado el escenario y la semántica. El enemigo, antes identificado como “subversivo”, es hoy el “traficante”, el “criminal”, el “narcoterrorista”. La función política es idéntica: mantener a la población aterrorizada, justificar el presupuesto bélico, garantizar la disciplina de la fuerza de trabajo e impedir la organización autónoma de las clases subalternas. La favela es tratada como una colonia interna, un espacio de ocupación y saqueo, un laboratorio de la política de excepción.
Cuando el secretario dice que “Río vive en estado de guerra”, no miente, solo que no dice quién declaró esa guerra. No fueron los moradores quienes invadieron las instituciones; fue el Estado quien invadió los hogares de los trabajadores. La guerra no es entre “el bien y el mal”, como repite la prensa, sino entre el capital y la vida. Las fuerzas de represión son el brazo armado de la acumulación, necesarias para contener el excedente humano que el capital no absorbe. Por eso, esta guerra no termina. Es vital para el funcionamiento del sistema. Renueva la legitimidad de los gobiernos que se sostienen mediante el miedo y la promesa de orden, y mueve toda una economía paralela de seguridad, armas, blindados, vigilancia, contratos y corrupción. El discurso de Curi es ejemplar de una clase dirigente que gobierna mediante la violencia y la mentira. Su discurso combina tecnocracia y brutalidad, moralismo y cinismo. Al justificar la masacre en nombre de la legalidad, reafirma el dogma central del Estado burgués: la preservación de la propiedad y la jerarquía social por encima de la vida. En el fondo, lo que Santos llama “contención” es la gestión de la miseria. Es la administración del exceso humano producido por la crisis estructural del capitalismo dependiente. Es la forma en que el Estado regula el flujo de la barbarie que él mismo produce.
La guerra urbana es el instrumento de contención de la superpoblación relativa, una masa de trabajadores precarios, racializados y confinados en los territorios periféricos, cuya existencia excede las necesidades de valorización del capital, pero cuya disciplina es vital para la estabilidad del orden. Lo que se llama “lucha contra el tráfico” es la máscara ideológica de esta contención: un dispositivo que convierte la pobreza en amenaza y la miseria en enemigo. La guerra contra el Comando Vermelho5 es la coartada que legitima el reordenamiento social y territorial exigido por el capital, reorganiza el espacio de la ciudad, revaloriza el suelo, desplaza poblaciones, reconfigura los poderes locales y renueva el pacto entre el Estado, la milicia y el mercado. Desde mediados de la década de 1980, como muestran los estudios de Loïc Wacquant, entre otros, el aparato estatal trata
5 El Comando Vermelho-CV [Comando Rojo] es una organización criminal que nació en 1979 como un grupo de autodefensa contra los abusos carcelarios, al interior de la prisión de Ilha Grande, a partir de la confluencia 3
a las favelas como zonas de excepción: territorios coloniales internos donde se ejerce la soberanía del exterminio.
Lo que tenemos ante nosotros, por lo tanto, es un Estado que ha internalizado la necropolítica; la llamada “guerra contra las drogas” es un método de gobierno, una política de muerte administrada en nombre del orden. ¿Por qué se produce este enfrentamiento y, más aún, por qué se concentra en territorios como Alemão/Penha? Estos espacios son ejemplos paradigmáticos: asentamientos periféricos densos, población mayoritariamente negra, renta per cápita inferior a la media de la ciudad, infraestructura pública deficiente e históricamente bajo el control, parcial o total, de facciones armadas (como el Comando Vermelho) o de milicias que surgieron por el vacío estatal. Este entrelazamiento entre informalidad económica, ausencia estatal y violencia organizada está largamente documentado. Allí se ha instaurado una gobernanza paralela, criminal, política y económica, y el Estado, lejos de erradicarla de forma frontal, pasa a disputarla o a fusionarse con ella.
El territorio de la favela constituye, por lo tanto, un laboratorio de acumulación de excepción: en él, la población es objeto de una vigilancia militarizada, de la desaparición de garantías, de una elevada letalidad y del lucro mediante la extracción (directa o indirecta) de sus vidas. Veamos la dinámica concreta de la operación: miles de agentes (2.500 según las fuentes) movilizados en blindados, drones, armas automáticas; la reivindicación gubernamental de “narcoterrorismo”; múltiples cadáveres abandonados en las calles; escuelas cerradas; transporte interrumpido. Esto revela que la operación no solo se dirigía a los líderes del tráfico, sino que apuntaba a un territorio en su conjunto. En una operación de este tipo, la muerte forma parte del diseño. La continuidad del proyecto de Estado-guerra se hace visible. Lo que ocurrió el 5 de mayo de 2021 en Jacarezinho fue, por tanto, un ensayo: la madurez se verifica ahora. Lo que ocurre es una política de contención activa, no un parche de seguridad pública. El aparato represivo coincide con el “arreglo” del narcoestado: el Estado, las milicias/facciones, el capital inmobiliario y la burocracia de seguridad se rinden a la lógica de la excepción permanente.
Lo que el Estado denomina “territorio en conflicto” son, en verdad, territorios de sobrevivencia negra, auténticos quilombos modernos, erigidos sobre las ruinas de una ciudadanía negada. Históricamente, las favelas han sido el refugio de los descendientes de la esclavitud, empujados a los morros y a las afueras de las ciudades por un proyecto sistemático de exclusión. A lo largo de décadas, el poder público se retiró de estos espacios, abandonando a generaciones enteras a la sobrevivencia y la violencia cotidiana. Donde el Estado no construye escuelas de tiempo completo, no garantiza guarderías, no ofrece alternativas de ingresos o de ocio, se instala la ley de la desesperación. Los jóvenes negros crecen entre dos únicas posibilidades: la explotación directa por el capital, en trabajos degradantes y sin futuro, o la explotación por parte de las organizaciones criminales que disputan el control territorial con el propio Estado. Ambas operan según la misma lógica: la de extraer vida y energía de cuerpos negros desechables. La ausencia de políticas públicas no es omisión; es método. El abandono es una forma de dominación. La favela, reducida a la condición de campo de guerra, es también la expresión más radical del fracaso, o, mejor dicho, del éxito, del orden capitalista en mantener a un pueblo bajo control mediante la carencia.
Pero, ¿por qué existe esta confrontación, más allá de la cobertura ideológica del “combate contra el tráfico”? Porque el territorio periférico cumple dos funciones para el capital: la función de reserva de vida y la función de acumulación a través de la precarización. El Estado-capital, en crisis estructural, necesita disciplinar al excedente humano que el sistema económico no ha absorbido:
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jóvenes negros desechados, desempleados, subempleados. La favela, entonces, deja de ser solo escenario de “crimen” y pasa a ser escenario de una reorganización de la fuerza de trabajo, de la valorización inmobiliaria de sus laderas y de la extracción directa de ingresos, a través del transporte informal, el gas y la electricidad paralela, gestionados por milicias o traficantes. La represión violenta sirve para contener este excedente y para la reorganización disciplinaria de la periferia. Así, este enfrentamiento es un componente estructural de la gobernanza neoliberal tardía en contextos dependientes como el de Brasil. La ideología de la “guerra contra las drogas” opera como mecanismo de racialización de las periferias, legitimando la matanza de cuerpos como política de Estado. En estas condiciones, la guerra no “combate el crimen”, sino que produce el crimen como vector de disciplina. Lo que se denomina “crimen organizado” es al mismo tiempo agente económico e instrumento de gobernanza.
Es más: este enfrentamiento se concentra en territorios como Alemão/Penha porque allí la resistencia institucional es débil, la presencia estatal es frágil, la burocracia es limitada y la infraestructura es deficiente. La facción domina, sí, pero precisamente porque el Estado ha permitido el vacío. Proyectos como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) fueron intentos de ocupación pacificadora, sobre todo en función de los megaeventos, pero no alteraron profundamente los mecanismos estructurales, con el retorno de la violencia y la represión militarizada. La confrontación crece justamente cuando el Estado decide que ya no tolera la autonomía paralela de la facción, no para “liberar” el territorio, sino para asumir o cooptar ese dominio e insertarlo en el arreglo de la acumulación capitalista dependiente.
La facción es parte del engranaje: tráfico, milicias, mercado inmobiliario, transporte informal, todo eso absorbe a la favela en el ciclo. El ataque, por lo tanto, no es contra la puramente “criminalidad”, sino contra un rival que precisa ser disciplinado para que el orden funcional prosiga. Esta contención, sin embargo, no se da en un vacío lúdico: se da por la normalización de la excepción. La operación reafirma que el Estado opera según una nueva lógica: la excepción no se suspende, se internaliza. El derecho democrático y la jurisdicción civil se convierten en accesorios. Como analiza la teoría crítica de la necropolítica, el Estado define quién “puede vivir” y quién “debe morir”. Esto es visible en las favelas, donde los jóvenes negros son asesinados por operaciones policiales sin que casi nadie se responsabilice por ello. El sistema de garantías tampoco funciona con intensidad. La impunidad es parte integrante: la elevada letalidad se legitima por la ausencia de consecuencias reales. Es tan cierto como que amanece que las fuerzas responsables saldrán incólumes. La operación de 2025 lo confirma: selectividad letal + impunidad = régimen de guerra permanente.
Y en este punto se impone: ni la izquierda institucional ni la derecha resolverán el problema, porque ambas forman parte de la lógica de la barbarie criminal promovida por el Estado. La derecha rinde homenaje al exterminador, la izquierda pide “menos letalidad”, “reforma policial”, “más derechos humanos”, pero mantiene intacta la idea de que el Estado de seguridad puede curar el mal social. Esta creencia es falsa. Lo que tenemos es al propio Estado de seguridad actuando como gestor de la violencia y la disciplina social. La izquierda institucional replica la confianza en el Estado y en la fórmula de la vigilancia policial, solo que con un color diferente. La derecha replica con mayor virulencia. En ambos casos, se reproduce el narcoestado. Cuando examinamos la gestión de Cláudio Castro en Río de Janeiro, percibimos que él no inaugura el modelo, sino que lo profundiza. No es la causa, sino el operador consciente de la madurez del modelo. Gobierna mediante la guerra, hace de la operación letal su marca, contabiliza los muertos como trofeos de poder. Y lo más importante: institucionaliza la lógica de la excepción. Los medios de comunicación anuncian “la mayor operación en 15 años”, los periódicos celebran el aparato, los analistas hablan de “choque de orden”. Pero la
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verdad es que esta operación dice menos sobre un gobierno y más sobre el funcionamiento avanzado del régimen capitalista dependiente brasileño, en el que la periferia es una zona de sacrificio, de extracción, de experimentación de la gobernanza de excepción. La letalidad no es un fallo de la democracia; es parte de su fibra represiva.
Es más: este modelo de control y excepción está intrínsecamente ligado a la acumulación de capital, el sector inmobiliario, el transporte, los servicios informales, el gas y la electricidad clandestina. Las facciones y milicias operan con el apoyo tácito del Estado o bajo su tolerancia. Proporcionan canales de lucro, controlan territorios, garantizan “servicios” y absorben el excedente. Cuando el Estado interviene con la operación, no lo hace para “erradicar” este sistema, sino para reorganizarlo bajo su tutela o bajo una nueva hegemonía. La Operación Contención es el momento en que el Estado reclama este territorio como suyo y anuncia que la lógica es “o el Estado o el criminal”, pero el criminal ya forma parte del Estado.
Luego, lo que se anuncia es: “Tomamos el control”. Y el control exige espectáculo, letalidad, vigilancia y miedo. Para los moradores de la favela, esta guerra no trae seguridad; sino terror. Para el capital, trae oportunidad: los valores inmobiliarios de las laderas en riesgo caen; los inversionistas especulan; el transporte informal es controlado; la violencia genera la subcontratación de seguridad privada; el aparato represivo justifica los fondos, las contrataciones y los negocios de la guerra urbana. Al final, la favela se ve doblemente explotada: por la facción/mercado y por el Estado represivo. La cura prometida jamás llega, porque el camino escogido fue el de la guerra, no el de la inclusión.
Lo que está en juego no es “menos letalidad” o “mejor policía”: es superar el régimen de seguridad como política social. La solución no está en el Estado, sino contra el Estado de seguridad. La tarea de la vanguardia política no es reformar la policía, sino superar el régimen de acumulación y disciplina que justifica su letalidad. El enemigo no es solo el narcotraficante ni solo el policía: es el arreglo que transforma los cuerpos (principalmente los cuerpos negros y periféricos) en territorio de guerra, lucro e impunidad. La Operación Contención muestra que la era del narcoestado ya ha alcanzado su madurez: ya no es una fractura o una excepción, es una forma de gobierno. Es esencial que reconozcamos esto para que podamos pensar en una salida que rompa con la lógica de la contención, que sustituya la guerra por una democracia sustancial, la reparación, la transformación estructural y el protagonismo de la clase trabajadora periférica. Sin ello, siempre estaremos diciendo “menos letalidad” mientras la guerra avanza, y siempre estaremos constatando los cadáveres sin investigar el sistema que los produce.
No hay forma de combatir esta lógica con reformas. La izquierda institucional, al clamar por la “mejora de la policía”, el “respeto a los derechos humanos” o una “nueva política de seguridad”, solo refuerza el edificio de la dominación. Quieren humanizar la barbarie sin abolir su causa. La derecha, por otro lado, hace de la barbarie su bandera, exigiendo más armas, más fusiles, más sangre. Ambas son caras del mismo proyecto: la mantención del orden capitalista y la perpetuación de la miseria. La salida no se encuentra entre estas alternativas. La salida está en el rechazo radical de esta estructura, en la organización autónoma de los trabajadores y los pueblos periféricos, en la construcción de una política de liberación que no dependa del Estado, sino que lo confronte. La historia cobrará caro por esta normalización del horror. Cuando el Estado llama “guerra” a lo que es una masacre, cuando llama “contención” a lo que es exterminio, cuando llama “planificación” a lo que es barbarie, ya no quedan dudas sobre el camino recorrido. Río de Janeiro, bajo Cláudio Castro y Felipe Curi, se ha tornado en el espejo más claro de la degradación del Estado burgués brasileño:
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un régimen de seguridad que no protege, una democracia que mata, una ley que justifica la excepción. Y mientras no rompamos este círculo infernal, todo el país seguirá siendo gobernado por la muerte.
Las fuerzas armadas, integradas en este proceso, cumplen el papel de guardianas de la propiedad y la estabilidad social, no el de defensoras del pueblo. Su función es garantizar que la guerra interna permanezca confinada a las fronteras invisibles que separan el mundo legal del mundo desechable. Son ellas las que definen dónde se puede derramar sangre y dónde debe haber silencio. Esta estructura se ha ido sofisticando. Desde las campañas coloniales, las fuerzas armadas del Estado se orientan menos por la defensa de la soberanía nacional y más por la represión de las insurrecciones internas. Es un ejército orientado hacia adentro, hacia el control de su propia población. La operación de 2025 es solo la cara actualizada de esta función histórica. La verdadera función de las fuerzas armadas en esta guerra es, por lo tanto, política. No combaten las drogas ni defienden vidas: aseguran la permanencia de un régimen de dominación. Funcionan como mediadores entre las élites económicas, el capital financiero y los aparatos policiales. Su presencia es la garantía de que la violencia no se desborde, de que la revuelta popular no encuentre brecha, de que la guerra permanezca controlada y productiva.
La militarización de la vida cotidiana es la respuesta preventiva a la amenaza latente de desobediencia social. Es una forma de neutralizar cualquier posibilidad de ruptura. El terror es un método. Es necesario comprender que la economía del tráfico y la economía formal no son mundos separados. El dinero del tráfico circula por los bancos, financia campañas, compra inmuebles, sostiene empresas de fachada. La frontera entre lo legal y lo ilegal es solo una convención ideológica. Lo que existe, de hecho, es una división funcional del trabajo violento. El Estado regula quién puede matar, quién puede lucrar y quién debe morir. Esta regulación es el corazón de la política de seguridad. Por eso las operaciones nunca alcanzan los circuitos superiores del narcotráfico. La guerra se libra contra el eslabón más débil, contra la mano de obra precarizada, contra el cuerpo que sirve de escudo a la economía de la muerte.
La reorganización promovida por el Estado a través de la Operación Contención es un ajuste en la topografía del poder. No se trata de restaurar el orden, sino de redistribuir el caos. Con cada masacre, se rediseñan las líneas de mando, se rehacen las alianzas y el equilibrio se recompone. Lo que se vende como una victoria es, en verdad, el mantenimiento del mismo sistema sobre nuevas bases. La operación funciona como un ritual de purificación: el Estado demuestra su fuerza, los medios de comunicación lo celebran, la clase media se siente protegida y el capital respira aliviado. La violencia cumple su función simbólica de renovar la fe en la autoridad, al tiempo que reconfigura las relaciones de poder dentro de la propia máquina estatal. El combate contra el tráfico es una ficción necesaria. Alimenta el mito de la autoridad moral y la creencia en la neutralidad de las instituciones. Pero lo que se esconde bajo este discurso es el viejo funcionamiento de la dominación de clase: el uso de la violencia selectiva como instrumento de gobierno. La operación no combate el crimen; combate la posibilidad de emancipación. Con cada cuerpo abatido, con cada casa invadida, el Estado reafirma que no hay salida fuera de su tutela. La guerra es la forma de impedir que el pueblo perciba que el verdadero enemigo es el sistema que lo extermina en nombre del orden.
La contención, por lo tanto, es más que una política de seguridad: es una política de clase. Su objetivo no es proteger, sino preservar. Preservar las ganancias, preservar el miedo, preservar el silencio. El Estado se reorganiza cuando las contradicciones sociales amenazan con escapar a su
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control. Recalibra sus engranajes, desplaza el foco de la crisis económica hacia el enemigo interno y ofrece a la sociedad el espectáculo de la guerra como catarsis. Cada operación es una pedagogía de la sumisión: enseña que la paz es un privilegio, que la vida es una concesión y que la muerte es merecida. Al final, lo que revela la Operación Contención es el rostro desnudo del poder: el Estado como administrador del crimen, el ejército como tutor del orden, la policía como mediadora entre lo legal y lo ilegal. Y mientras la sociedad continúe creyendo que el problema es el “tráfico”, y no el sistema que lo produce y regula, la barbarie seguirá siendo el lenguaje oficial de la política. La verdadera contención es la del pueblo: contenido por el miedo, la miseria y la muerte. Esa es la victoria silenciosa del Estado sobre la vida.
La guerra interna brasileña es un proyecto del Estado, no del gobierno. Su permanencia a lo largo de décadas revela que la represión es una necesidad funcional. El capital necesita orden para continuar existiendo; y el Estado, su forma política, se encarga de garantizar que ese orden se mantenga mediante la violencia legalizada. Los gobiernos cambian, los discursos se alternan, pero la estructura permanece. Cuando se habla de “fuerzas de seguridad”, se habla de la columna vertebral de la dominación burguesa. Es el verdadero partido permanente del Estado. El gobierno federal, en cualquiera de sus versiones, no se limitó a reproducir esta estructura, sino que la expandió. La creencia de que el fortalecimiento de las instituciones republicanas implicaría una democracia más robusta sirvió de justificación para la inédita ampliación de los aparatos represivos. Durante los años de euforia desarrollista, la apuesta era clara: blindar al Estado contra cualquier amenaza de ruptura social. Cuando Dilma Rousseff inauguró la llamada “Ciudad de la Policía”, no estaba promoviendo la modernización técnica o la eficiencia administrativa; estaba consolidando la centralización del control policial y militar sobre el territorio urbano. Ese complejo de comisarías especializadas, laboratorios y fuerzas tácticas sintetizaba el proyecto del Estado brasileño posterior a 2003: sofisticar la represión bajo la estética de la gestión.
La construcción de la “Ciudad de la Policía” fue presentada como un símbolo de racionalidad y combate contra la corrupción dentro de las corporaciones. Pero lo que realmente instituyó fue un modelo de integración entre la inteligencia policial, el poder judicial y la tecnología militar, un salto cualitativo en la coordinación de las fuerzas represivas. Bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, el Estado organizó su propia estructura de guerra permanente. La izquierda institucional lo llamó “seguridad ciudadana”; la derecha, “orden y progreso”. En realidad, se trataba de consolidar la vigilancia sobre los cuerpos y las voces que amenazaban la estabilidad de la acumulación. El proyecto político de “pacificación” de los territorios periféricos, las UPP, y la inversión en infraestructura policial eran caras de la misma moneda. La supuesta integración social de las favelas sirvió de laboratorio para la gestión militar de la pobreza.
El compromiso del gobierno federal con las Fuerzas Armadas jamás fue de confrontación, sino de conciliación y recompensa. El presupuesto de defensa, a lo largo de dos décadas, creció exponencialmente. Ningún gobierno se atrevió a reducir la influencia política de los militares; por el contrario, todos procuraron reconvertirla en una fuerza estabilizadora. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron como poder tutelar de la república. Recibieron fondos, cargos, homenajes y un papel central en la legitimación moral del Estado. La vieja casta uniformada se incorporó a la maquinaria administrativa como símbolo de eficiencia y patriotismo, ocultando su función real: garantizar que el pueblo permaneciera en su lugar. El fortalecimiento de las estructuras represivas, en este contexto, no es un fallo de los gobiernos populares, sino su contradicción interna. Al tratar de gobernar para todos, mantuvieron intactas las bases de la dominación de clase. La conciliación con los militares y la policía fue el precio que se pagó para asegurar la estabilidad institucional. Pero el
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precio cobrado fue alto: la militarización de la vida. La retórica de la “ciudadanía armada” y la “guerra contra el crimen” sustituyó el horizonte de emancipación por la promesa de orden. Así, el Estado amplió sus instrumentos de control sobre las masas al tiempo que se presentaba como su protector. La represión dejó de ser un atributo de la derecha y se convirtió en política de Estado.
El gobierno federal actúa como garante moral y financiero de esta estructura. Es quien garantiza el flujo de recursos, los programas de modernización, los acuerdos tecnológicos y el respaldo político para las operaciones de guerra interna. Incluso cuando critica las matanzas, lo hace dentro de los límites de la legalidad que él mismo sustenta. Los gobiernos progresistas y conservadores divergen en el discurso, pero convergen en la práctica: ninguno ha roto el pacto armado. El ejército sigue controlando la Amazonía bajo la lógica de la seguridad nacional, las policías siguen militarizadas y los territorios urbanos siguen vigilados por cámaras, drones y bases móviles. El Estado democrático de derecho es, en la práctica, un Estado de excepción administrado. En este contexto, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, no es más que la personificación regional de este engranaje. Abogado, católico militante y aliado orgánico de la extrema derecha, Castro es la expresión más nítida del consenso represivo. Heredó el cargo tras la destitución de Witzel y fue reelecto con el apoyo de las milicias políticas, los empresarios de la seguridad y el clero fundamentalista. Su gobierno se sustenta sobre tres pilares: la represión armada, el moralismo religioso y la alianza con el capital inmobiliario. Gobierna mediante la guerra y a través de la fe. Cada operación policial es un sermón sobre la necesidad de la muerte para garantizar la paz.
Castro gobierna como un síndico del narcoestado. Administra el pacto entre el Estado formal y las fuerzas ilegales que realmente controlan el territorio. Su función es coordinar la convivencia entre la policía, la milicia y las facciones, equilibrando intereses y redistribuyendo ganancias. Cuando uno de estos elementos se vuelve disfuncional, cuando la violencia se sale del guion, cuando el tráfico desafía la jerarquía o cuando la opinión pública exige espectáculo, el gobernador autoriza la matanza. La Operación Contención es parte de este mecanismo de ajuste. Con el pretexto de combatir el “narcoterrorismo”, el Estado redefine las fronteras de su soberanía y restablece la jerarquía del miedo.
La figura de Cláudio Castro representa la síntesis perfecta del Estado burgués en su fase de descomposición moral. Un hombre de fe que bendice el fusil, un administrador que transforma la masacre en estadística, un político que gobierna con el evangelio en una mano y el decreto de muerte en la otra. Su retórica de “guerra justa” legitima el genocidio y confiere apariencia de virtud a la barbarie. Se presenta como defensor del orden, pero su orden es el caos administrado. Es la misma lógica que impregna todo el sistema: el poder no quiere eliminar la violencia, quiere monopolizarla.
Las fuerzas del Estado, del gobierno federal y del gobierno estatal están articuladas por una división de tareas. El gobierno central proporciona el encuadramiento legal, el financiamiento y el discurso de modernización. El gobierno estatal ejecuta, con brutalidad, la política de contención. Las Fuerzas Armadas garantizan el trasfondo moral y el respaldo simbólico de la autoridad. Esta división mantiene el equilibrio entre las clases dominantes, al tiempo que reprime cualquier movimiento de ruptura. La violencia se distribuye de modo racional: el centro formula, la periferia muere. Esta estructura revela el verdadero compromiso del Estado con las Fuerzas Armadas.
El pacto es simple: estabilidad a cambio de autonomía. El ejército preserva su influencia, su estructura corporativa, sus privilegios y su papel de árbitro; a cambio, garantiza que la república no
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se vea atravesada por fuerzas populares incontrolables. Este pacto, firmado durante la transición democrática y reafirmado por todos los gobiernos posteriores, es la espina dorsal del régimen. Explica por qué la militarización de la política es tan profunda y por qué las matanzas se repiten con regularidad burocrática. El Estado ha aprendido a gobernar por excepción.
En medio de este engranaje, el pueblo es el material de sacrificio. Cada operación policial es un acto litúrgico: celebra la unión de la nación en torno a la violencia y renueva la fe en las instituciones. La imagen de soldados patrullando las favelas, de helicópteros surcando los cielos y de blindados en las calles sirve como espectáculo de poder. El miedo se convierte en el pegamento ideológico de la sociedad. El trabajador, el morador, el cuerpo negro y pobre, son el precio de la estabilidad. El Estado, al matar, reafirma su legitimidad. Mientras la sociedad siga creyendo que el cambio vendrá desde dentro de esta estructura, la guerra seguirá siendo la política oficial. El compromiso del gobierno federal con las fuerzas armadas es el compromiso del capital con su propia guardia. El papel del gobernador es el de gestor local de la violencia. Y el papel del pueblo, impuesto por la fuerza, es el de espectador y víctima.
La verdadera lucha no se libra entre el Estado y el tráfico, sino entre la dominación y la emancipación, entre la vida y la muerte. Y, en ese campo, el Estado eligió su lado hace mucho tiempo.
Arthur Moura
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Notas
2 Ver: https://medium.com/basemao/jacarezinho-e-o-narcoestado-por-arthur-moura-9e6f2b948272
3 Los quilombos en Brasil fueron comunidades autoorganizadas fundadas por esclavas y esclavos fugitivos, que resistiendo a la esclavitud se asentaban en lugares remotos, conformando centros de resistencia política y cultural, a menudo autosuficientes. Sus expresiones históricas existieron oficialmente hasta la abolición de la esclavitud en 1888, aunque aún hoy persisten comunidades quilombolas, tanto urbanas, como rurales. [N. del T.]
4 Las senzalas eran las barracas colectivas insalubres en donde eran hacinadas las y los esclavos de origen africano en las plantaciones y haciendas del Brasil colonial y el Imperio. [N. del T.] entre presos comunes y militantes de izquierda encarcelados de la Falange Vermelha [Falange Roja]. Actualmente se dedica al narcotráfico, la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato. Es la facción criminal más poderosa del estado de Río de Janeiro, controla territorialmente muchísimas favelas, y además se ha expandido a muchas otras ciudades de Brasil, funcionando como una “franquicia” del crimen organizado. Se calcula que tiene miles de soldados armados con fusiles de guerra, la abrumadora mayoría adolescentes y jóvenes racializados, población superflua y prescindible para el capital, que ante la ausencia de futuro son reclutados masivamente en las favelas. En Río de Janeiro rivaliza con el Terceiro Comando Puro-TCP, Amigos dos Amigos-ADA y las milicias de extrema derecha. [N. del T.]